Uruguay se convirtió este jueves en el
primer país de América Latina en legalizar la unión civil de parejas
homosexuales, tras la promulgación por parte del presidente Tabaré
Vázquez de una ley que consagra las uniones concubinarias de distinto o
igual sexo.
La normativa refrendada por el mandatario en consejo de ministros
garantiza derechos y obligaciones para las parejas heterosexuales y
homosexuales que convivan más de cinco años sin interrupciones, como la
asistencia recíproca, creación de sociedad de bienes, derechos
sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones
vinculadas a la seguridad social.
Esta ley entrará en vigor durante la primera semana de 2008 con alcance
nacional. La iniciativa contempla la apertura de un registro donde
podrán inscribirse parejas de cualquier género, al amparo de derechos
similares a los que derivan del matrimonio entre heterosexuales.
El diputado oficialista Diego Cánepa, redactor del proyecto original,
destacó a la AFP que la nueva ley "profundiza la democracia, protege la
diversidad de opciones y deja de lado la discriminación existente en
materia legislativa que amparaba determinadas preferencias".
"Algo tan íntimo como elegir con quién vivir, generar una comunidad y
compartir aspectos de la vida privada es un paso trascendente en la
incesante búsqueda de la libertad del ciudadano", subrayó el legislador.
Camino a su aprobación, la propuesta transitó por intensos debates en
las cámaras de Diputados y Senadores hasta ser refrendada finalmente
con los votos de la coalición de izquierda en el poder, Frente Amplio,
que cuenta con la mayoría parlamentaria.
El texto define la unión concubinaria como "la situación de hecho
derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su
sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una
relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular,
estable y permanente sin estar unidas en matrimonio".
María Paz, activista del Colectivo Oveja Negra que trabaja en defensa
de la diversidad de género de gays, lesbianas, bisexuales y
transexuales, calificó la aprobación de la norma como "el primer paso
en el reconocimiento de uno de nuestros derechos" y atribuyó la misma a
"la sensatez de algunos legisladores". Aunque reconoció que "el ideal
sigue siendo el casamiento" y consideró "demasiado extenso" el periodo
de cinco años requerido para legalizar el vínculo.
Por su parte, el secretario de la Conferencia Episcopal de Uruguay,
Luis del Castillo, observó que "dar amparo jurídico a un contrato entre
dos personas no justifica asimilarlo al matrimonio, porque le
estaríamos haciendo daño a la base de la familia".
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